La entrada en vigor de la nueva legislación en materia de protección de datos (RGPD y LOPD-GDD) exige mayor compromiso por parte de organizaciones públicas y privadas para garantizar un correcto uso y protección de los datos que manejen.

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), de aplicación directa desde el 6 de diciembre de 2018, adapta nuestro ordenamiento jurídico al RGPD y completa sus disposiciones.

La posibilidad de tener que asumir responsabilidades penales derivadas de un incumplimiento normativo en el entorno de las organizaciones hace que muchas de ellas reclamen los servicios de controllers jurídicos.

La nueva regulación del Procedimiento Administrativo Común y del Sector Público busca suprimir duplicidades de órganos administrativas, complejidades procedimentales, ineficacias, inseguridad jurídica y costes excesivos.

La legislación en materia de extranjería busca el compromiso de agentes públicos y privados para lograr atraer talento y cubrir vacantes en sectores con gran demanda, favoreciendo la integración del inmigrante.

Las cifras avalan la necesidad de establecer medidas normativas y de impulsar acciones de carácter global que permitan el avance hacia la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres, y contribuyan a erradicar la violencia de género.

Conocer las particularidades ligadas a autoría y a la propiedad intelectual e industrial es fundamental para ejercer nuestros derechos y evitar sanciones ante un uso indebido de obras publicadas en la red.

La desigualdad de género continúa siendo una asignatura pendiente en los ámbitos social y empresarial, de ahí que, para favorecer la igualdad real de oportunidades, sea precisa una mayor sensibilización.

Toda empresa ha de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, una infracción muy grave, que, atendiendo al Código Penal, puede ser constitutiva de un delito punible con prisión o multa.

Los beneficiaros de las subvenciones mediante las cuales el sector público busca dar respuesta a demandas sociales y económicas han de conocer cómo gestionarlas, a fin de evitar irregularidades punibles.

La popularización de internet permite un importante ahorro en cuanto a tiempos y costes de desplazamiento, puesto que nos permite usar nuestra identidad digital para realizar todo tipo de trámites o incluso facturar por vía electrónica.

La contratación del sector público ha de ajustarse a lo estipulado en la normativa vigente desde marzo de 2018, que busca garantizar la libertad de acceso a las licitaciones y la transparencia en los procedimientos.

La obligación de asumir la responsabilidad penal por los posibles delitos que comentan sus empleados exige a las empresas extremar sus precauciones en cuanto a la prevención, entre otros, del blanqueo de capitales.

La protección de datos personales y la garantía de derechos digitales son fundamentales, por ello, es vital para usuarios y empresas conocer la legislación y buenas prácticas al respecto.