La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), de aplicación directa desde el 6 de diciembre de 2018, adapta nuestro ordenamiento jurídico al RGPD y completa sus disposiciones.

La posibilidad de tener que asumir responsabilidades penales derivadas de un incumplimiento normativo en el entorno de las organizaciones hace que muchas de ellas reclamen los servicios de controllers jurídicos.

La contratación del sector público ha de ajustarse a lo estipulado en la normativa vigente desde marzo de 2018, que busca garantizar la libertad de acceso a las licitaciones y la transparencia en los procedimientos.

La entrada en vigor de la nueva legislación en materia de protección de datos (RGPD y LOPD-GDD) exige mayor compromiso por parte de organizaciones públicas y privadas para garantizar un correcto uso y protección de los datos que manejen.

Este curso te permitirá comprender la normativa de facturación electrónica y su aplicación en transacciones B2B y con la Administración, garantizando el cumplimiento legal y la correcta gestión de las facturas digitales.

La popularización de internet permite un importante ahorro en cuanto a tiempos y costes de desplazamiento, puesto que nos permite usar nuestra identidad digital para realizar todo tipo de trámites o incluso facturar por vía electrónica.

La obligación de asumir la responsabilidad penal por los posibles delitos que comentan sus empleados exige a las empresas extremar sus precauciones en cuanto a la prevención, entre otros, del blanqueo de capitales.

La nueva regulación del Procedimiento Administrativo Común y del Sector Público busca suprimir duplicidades de órganos administrativas, complejidades procedimentales, ineficacias, inseguridad jurídica y costes excesivos.

Conocer las particularidades ligadas a autoría y a la propiedad intelectual e industrial es fundamental para ejercer nuestros derechos y evitar sanciones ante un uso indebido de obras publicadas en la red.

La protección de datos personales y la garantía de derechos digitales son fundamentales, por ello, es vital para usuarios y empresas conocer la legislación y buenas prácticas al respecto.

Los beneficiaros de las subvenciones mediante las cuales el sector público busca dar respuesta a demandas sociales y económicas han de conocer cómo gestionarlas, a fin de evitar irregularidades punibles.