El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, 1 de septiembre, el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de Universidades de 2001. El proyecto se remite a las Cortes Generales tras dos años de análisis y debate con los diferentes agentes que conforman la comunidad universitaria.
El proyecto que se somete ahora al debate parlamentario dota a las universidades de mayor autonomía en la toma de decisiones, en su administración y en su funcionamiento interno. Al mismo tiempo, siempre según indican fuentes del Ministerio de Educación, se refuerza la evaluación de la calidad de las universidades, por ser este un factor fundamental en el binomio mayor autonomía mayor responsabilidad.
Consejo de Estado
El informe del Consejo de Estado, remitido al Ministerio de Educación y Ciencia a finales del mes de julio, ha resultado favorable y positivo. El Consejo de Estado no ha establecido reparos de legalidad ni observaciones que requirieran modificaciones sustantivas. De las sugerencias realizadas, la mejora técnica más destacable que se ha incluido en el texto es la que se refiere a la participación de los profesores en las cuestiones académicas de las universidades de titularidad privada.
Por otro lado, el Consejo de Estado ha desatacado lo acertado de muchas de las medidas propuestas. El dictamen se congratula de que se regrese a un procedimiento único de admisión de alumnos en la Universidad. Considera igualmente acertadas las medidas de promoción de la igualdad de género.
Cambios más relevantes
El proyecto de ley, en relación a los órganos de Gobierno, supone ampliar las posibilidades a la hora de que las Universidades definan en sus estatutos el método para la elección de Rector. Se podrá hacer bien por sufragio universal entre los miembros de la comunidad universitaria o bien por el Claustro.
La reforma plantea la creación de la Conferencia General de Política Universitaria, que reunirá a las distintas administraciones competentes en la materia, potenciando así el papel de las comunidades autónomas mediante un órgano de cooperación y coordinación interterritorial. Por otra parte, el futuro Consejo de Universidades estará integrado por los rectores de las universidades públicas y privadas y por un número reducido de miembros nombrados por el Gobierno, y será el encargado de la coordinación académica de la universidad española.
Se elaborará un Estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios, beneficiarios principales del sistema, como vía para garantizar la necesaria participación de los estudiantes en el sistema universitario.
Contratación del profesorado
La reforma introduce un sistema de acreditación del profesorado, en sustitución de la habilitación. El nuevo sistema valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y se basa en los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades podrán seleccionar el profesorado, el que más se ajuste al perfil de cada universidad de entre aquellos profesores que obtengan la acreditación.
Investigación y transferencia de conocimiento
Los cambios introducidos persiguen impulsar la ciencia española, recalcando el papel que la universidad tiene en el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. El proyecto plantea que las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros o la participación en plataformas tecnológicas.
Mayor responsabilidad
En relación a la responsabilidad y la rendición de cuentas ante la sociedad de las universidades, se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fundación privada, en un ente público. Los criterios comunes de garantía de calidad del sistema serán públicos, dotarán de una mayor transparencia a los procesos de evaluación y supondrán una co-responsabilidad del Estado y las CC.AA, a través de la necesaria coordinación entre la ANECA y las Agencias Autonómicas de Calidad.
Por último, se crean Programas específicos de ayuda, en los que las Administraciones públicas competentes se comprometen activamente con las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como con las personas con discapacidad. También se refleja un título nuevo en la ley, del deporte universitario, donde se considera la práctica deportiva en el ámbito universitario como parte importante de la formación de los estudiantes.
Articulo original en Crónica Universitaria