Las novedades de la Ley de Contratación Pública (LCSP) y las particularidades de la legislación europea en la que se inspira obligan a las partes interesadas a conocer en detalle la nueva legislación, cuyo principal propósito es garantizar la libertad de acceso a las licitaciones y la transparencia de los procedimientos, y asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios. No en vano, tal y como recoge el propio texto normativo en su preámbulo, el propósito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que entró en de marzo de 2018, es lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, objetivo, este último, para el que se establece, por primera vez, la obligación de los órganos de contratación de velar para que "el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato".
Para poder participar como agente implicado en la contratación pública, es preciso, por tanto, conocer a fondo la estructura que define al texto normativo, en el que se aboga por la simplificación de los trámites, a fin de favorecer un mejor acceso de las pymes a esta posibilidad. De ahí que se apueste por un proceso de licitación "más simple (...), beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación". Si bien, es cierto también que "se introducen normas más estrictas (...) Así se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral*".
Para propiciar la consecución de estos objetivos, la ley se ha estructurado en un título preliminar, que recoge sus disposiciones generales, y en cuatro libros, que hacen alusión específica a la configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales; la preparación de los contratos administrativos, la selección del contratista y la adjudicación de estos contratos, así como los efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos; los contratos de otros entes del sector público; y la organización administrativa para la gestión de la contratación.
A medida que avance en la materia de este curso, el alumno descubrirá, por tanto, las particularidades a considerar en la formalización de los contratos; los diferentes tipos contractuales existentes; las características que han de definir a las empresas para estimar que tienen capacidad para contratar con el sector público; los negocios y contratos excluidos; y, finalmente, las implicaciones de la ejecución y extinción de los contratos. Y, a mayores, se familiarizará con los límites de los distintos tipos de contrato que aparecen recogidos en la Orden HFP/2017, de 26 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2018.
La modificación normativa en cuanto a la contratación pública exige a cuantos participan de ella conocer en detalle la nueva legislación y, en consecuencia, a medida que avancen en la materia de este curso, descubrirán:
El contenido de este curso es adecuado para satisfacer las necesidades formativas del personal que trabaje en áreas de contratación de cualquier Administración Pública, de responsables de emrpesas que contraten con el sector público, y de toda persona interesada en conocer en profundidad cómo se regula la contratación pública en España.