Las gravísimas repercusiones que acarrean las acciones promovidas por el ser humano sobre el entorno natural e incluso sobre la salud pública han contribuido a que, en el ámbito internacional, exista una creciente preocupación, que ha llevado a numerosos países, entre los que se encuentran todos los integrados en la Unión Europea (UE), a la firma de compromisos encaminados a contribuir a minimizar la emisión de los gases contaminantes responsables del efecto invernadero y del calentamiento global, que están acelerando el cambio climático. En el Protocolo de Montreal, de 1987, se sentaron las bases para la reducción del agujero en la capa de ozono, prohibiendo el uso de materiales químicos que emitían cloro a la atmósfera; y en el de Kioto, un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que entró en vigor con la firma del compromiso por parte de Rusia en noviembre de 2004, se ratificó la necesidad de limitar en la medida de lo posible las emisiones nocivas. Así, en Europa, cada país tiene un límite establecido que, en el caso de España y otros países, es aún sobrepasado.
El hecho de que se hayan superado los plazos para cumplir con la legislación europea, que fija umbrales máximos de emisiones de dióxido de nitrógeno y de partículas PM10, llevó, a principios de 2018, a la Comisión Europea a urgir a nueve estados miembros la presentación de medidas para la impulsar la consecución de una buena calidad del aire; algo que, en el caso de España, afecta especialmente a dos puntos: Madrid y Barcelona. Eso sí, no se puede olvidar que, desde 2010, el país ha hecho importantes progresos, puesto que ha pasado de incumplir los niveles máximos en ocho zonas a, en 2016, hacerlo únicamente en cinco, lo que supone una sustancial mejora derivada, en buena medida, de las distintas acciones propuestas en este sentido. Entre estas, sobresale el Plan Nacional de Calidad del Aire. El Plan Aire II, correspondiente al trienio comprendido entre 2017 y 2019, comprende más estrategias que el precedente (desarrollado entre 2013 y 2016) y agrupa en ocho ámbitos (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte) un total de 52 medidas, buena parte de ellas a desarrollar en 2018.
Las figuras más significativas en cuanto a protección del medio ambiente en España son la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que son los principales mecanismos que presenta el ordenamiento jurídico español para la defensa del medio ambiente frente al deterioro ocasionado por la mano del hombre.
A lo largo de este Curso de Evaluación de Impacto Ambiental, EAE y AAI, el alumno conocerá estas herramientas de sostenibilidad, que han ido ganando progresivamente protagonismo de modo que, en la actualidad, buena parte de los grandes planes, programas y proyectos sectoriales que se pretenden ejecutar en nuestro territorio (tanto por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, como por las diferentes administraciones u organismos) requieren de algún tipo de autorización o informe de naturaleza medioambiental antes de proceder a su ejecución. Es por ello que la temática que se aborda en este curso es de especial interés tanto para las organizaciones como para los profesionales que quieran prepararse para conocer cómo actuar en materia de seguridad ambiental a fin de obtener los permisos pertinentes.
En consonancia con lo anterior, enfocaremos las diferentes cuestiones a tratar desde un doble punto de vista: teórico y práctico.
Esto es especialmente importante, dado que muchos planes, programas o proyectos se estancan o incluso no llegan a ver la luz, con el lógico perjuicio que esto conlleva para quienes invierten tiempo y dinero en ellos, debido a diferentes causas, entre las que son frecuentes el desconocimiento, la escasa formación, la falta de datos o la información incompleta, etcétera. Por todo ello, a través de este curso, se busca aclarar todas las dudas que el alumno pudiera tener en la materia y contribuir, así, como contribuir a mejorar o perfeccionar su formación en este campo, preparándole para actuar con plena seguridad.
En este curso se explican los diferentes mecanismos que presenta el ordenamiento jurídico español en materia de defensa medioambiental, por lo que, a través de esta formación, se busca que los alumnos aclaren sus posibles dudas con respecto a los cambios acometidos en 2013 y puedan actuar conforme a la normativa, algo que evitará costosos retrasos en la ejecución de los proyectos en los que trabajen.
Este curso completa la formación de técnicos ambientales, ingenieros técnicos y superiores, arquitectos y aparejadores, y licenciados o graduados en Derecho. No obstante, no existen requisitos específicos de acceso.